RAFAEL ARGULLOL
El País, 22/01/2012
No hago mucho caso de las cartas que circulan por Internet, pero estos días una de ellas llama la atención. Su encabezamiento es "Ley de Reforma del Congreso", y el remitente, como sucede a menudo, pide el reenvío del texto a conocidos que pudieran estar de acuerdo con el contenido. En sustancia se trata de proponer un cambio constitucional que delimite estrictamente el estatuto del diputado, modificando múltiples aspectos de la condición actual. El propulsor o propulsores de esta idea quieren que el "representante del pueblo" deje de tener unos privilegios y excepciones que -se considera implícitamente- han tenido consecuencias nefastas para la democracia. En lo fundamental se defienden medidas que limitarían draconianamente los juegos de intereses económicos en los que pueden verse inmersos los representantes de la ciudadanía. Se exige una radical transparencia. También el fin de la impunidad de los diputados, los cuales, durante su mandato, deberían responder ante los tribunales, como cualquier otro ciudadano, de aquellos delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo. Se recuerda, por último, que el servicio democrático a la ciudadanía no es una profesión, de la cual deba sacarse rendimiento, sino una función honorable que debe ser ejercida con dignidad y siempre provisionalmente, es decir, con una fecha de caducidad que dé paso a nuevos representantes...
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